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Dra. Fernanda Panizo

Pretensión Indemnizatoria - Abogados en Mar del Plata


Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
B.73.851  "SCABINI GUILLERMO LUIS C/UNIDAD EJECUTIVA DEL PROGRAMA FERROVIARIO PROVINCIAL (UEPFP) S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA.  --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7º INC. 1º Ley 12.008--"

La Plata, 21 de Octubre de 2015.

 AUTOS Y VISTO:

1. El señor Guillermo Scabini dedujo demanda contencioso administrativa contra la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (Ferrobaires), en reclamo de los rubros que detalla en la liquidación que acompaña al expediente, como consecuencia de la terminación de su vínculo laboral con la demandada.     Funda su acción en disposiciones de la Ley 10.430, alegando haber prestado servicios para esta última de manera ininterrumpida, desde el 25-7-1994 en adelante, a través de la suscripción de consecutivos contratos. Entiende que, en sustancia, se estaría frente a un único convenio a plazo indeterminado y, de tal suerte, su realidad laboral respondería más bien a la de un empleado de planta permanente, con el consecuente derecho a obtener la indemnización prevista en el art. 28 inc. 2° ap. "b" de la Ley de Empleo Público además de la sustitutiva de preaviso (fs. 10/11).

2. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, cuya titular tuvo al actor por presentado (fs. 15).

No obstante ello, más tarde declaró oficiosamente su incompetencia al reputar que el presente caso se hallaba regido por el derecho laboral y, por tal motivo, sustraido de su ámbito de conocimiento en virtud de lo establecido en el art. 4 inc. 1° de la Ley 12.008 -texto según Ley 13.101-. Para así decidir, aludió a que Ferrobaires era "una persona distinta al estado provincial" y que sus dependientes, dado el carácter transitorio de la organización hasta tanto se licite el servicio al sector privado, se regían por convenios colectivos de trabajo y no por la Ley 10.430 como sostenía el demandante (fs. 29/31).

De esta forma, las actuaciones pasaron al Tribunal de Trabajo N°4 departamental, cuyos jueces se rehusaron a intervenir en el asunto con fundamentos opuestos a los esgrimidos por la magistrada que previno, pues consideraron que a tenor de las manifestaciones efectuadas por el actor, la controversia se hallaba gobernada por el derecho público. Fue así que, en ese esquema, plantearon formalmente la contienda negativa y dispusieron su elevación a esta Suprema Corte de Justicia, para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1° de la Ley 12.008 -texto según Ley 13.101-.

3. En lo que atañe al personal de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (Ferrobaires), se interpretó durante la vigencia del sistema de justicia administrativa que fuera reemplazado por el instaurado en la reforma constitucional de 1994 y que comenzara a funcionar en el mes de Diciembre de 2003, que la competencia para entender en las demandas por despido iniciadas por agentes de la mencionada unidad ejecutora era la prevista en forma originaria en cabeza de este Tribunal, por considerar que en tales casos la relación de empleo público surgía notoria (doctr. causas B. 57.677 "Ceccarelli", res. del 29-X-1996; B. 57.690 "Morua", res. del 5-XI-1996 y B. 57.692 "Martínez", res. del 11-XI-1996).

Sin perjuicio de lo anterior, la entrada en vigencia del Código Contencioso Administrativo (ley 12.008) con sus nuevas aristas en torno a la determinación de la materia atingente a tal fuero que allí se explicitan, y en especial la existencia de una normativa específica que regula el vínculo entre el demandante y la empresa (decreto 4779/75), imponen la revisión de aquella doctrina.

4. El art. 166, párrafo final, de la Constitución de la Provincia consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la Ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.

Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. Prov., 1 inc. 1°, C.P.C.A.). La actividad de tales sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de tales funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2° y 2 inc. 4°, C.P.C.A.).

El señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4, C.P.C.A.).

5. Bajo tales premisas cabe ponderar en primer lugar, que si bien la demandada es una entidad autárquica de derecho público (cfr. decretos 99/93 y 3532/93, estando actualmente en la órbita de la Secretaría de Servicios Públicos del Ministerio de Infraestructura, cfr. decretos 1151/04 y 1081/13); y que su personal jerárquico superior (Administrador y Subadministrador General, como así también, de los gerentes generales, de operaciones y de ingeniería) son regidos por la Ley 10.430; tal situación no alcanza al resto de sus agentes, entre ellos el Sr. Scabini.

Así es que, al margen del personal jerárquico, el Decreto 4779/95 en oportunidad de consumarse la transferencia del servicio ferroviario de pasajeros del Estado Nacional a la Provincia determinó, en su art. 2, que "[l]as relaciones y los respectivos [c]ontratos de [t]rabajo del personal dependiente de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial quedarán sometidas al régimen establecido por la Ley 20.744, y a los correspondientes Convenios Colectivos de Trabajo aplicables a los [g]remios involucrados".

                                    6. Con esta base, del relato efectuado en la demanda es posible concluir que la relación que habría unido al actor con Ferrobaires  no es de aquellas que se encuentran regidas por normas de derecho público sino que, en razón de las disposiciones legales arriba enumeradas se debe presumir que la misma, a todo evento, se halla regida primariamente por normas y convenios de derecho laboral por lo que, de tal suerte, la controversia se encuentra raleada de la competencia asignada a los órganos del Fuero Contencioso Administrativo por conducto del art. 4 inc. 1° del C.P.C.A. (doctr. causas B. 72.369 "Calo", res. del 8-V-2013; B. 72.370 "Viglietti", res. del 12-VI-2013; B. 72.658 "Martínez", res. del 25-IX-2013; B. 73.001 "Peñalva", res. del 10-IX-2014 y B. 73.517 "Fuster", res. del 15-IV-2015).

              Por ello, el Tribunal

              RESUELVE:

              Declarar que resulta competente para conocer y decidir en el asunto el Tribunal de Trabajo N°4 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, al que por Secretaría y mediante oficio al que se acompañará copia de la presente se le remitirán las actuaciones para la prosecución del trámite (arts. 166 in fine, Const. prov. y 1, 4 inc. 1° y 7 inc. 1°, C.P.C.A.).

              Por el mismo medio, hágase saber de lo que aquí se resolvió al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del mismo departamento judicial.

Juan Carlos Hitters

Luis Esteban Genoud                  Héctor Negri

Hilda Kogan             Eduardo Julio Pettigiani

Eduardo Néstor de Lázzari       Daniel Fernando Soria

Juan José Martiarena

Secretario

Fdo.: Ko-Pe-dLa-So

Reg. Nº 656

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